Benín es un país diverso en cuanto a religión. Las religiones predominantes son el cristianismo, practicado principalmente en las regiones sur y central, y el islam, introducido por el Imperio Songhai y los comerciantes hausa, y predominante en las provincias septentrionales de Alibori, Borgou y Donga, así como entre los yoruba, quienes a menudo combinan las creencias islámicas o cristianas con la espiritualidad tradicional vudú y orisha. El islam ahmadí, un movimiento reformista del siglo XIX, también cuenta con adeptos en el país.
A pesar de la importancia de la agricultura para su economía, Benín invirtió menos del 5% de su PIB en desarrollo agrícola en 2010, por debajo del compromiso del 10% asumido por los miembros de la Unión Africana en la Declaración de Maputo de 2003. Esta meta se reafirmó en la Declaración de Malabo de 2014, que también estableció objetivos ambiciosos, como duplicar la productividad agrícola, reducir las pérdidas poscosecha en un 50% y reducir el retraso del crecimiento por debajo del 10%. Sin embargo, los líderes africanos aún no han acordado un marco común para medir el objetivo del 10% en todos los países.
Benín ha recibido puntuaciones dispares en diversas evaluaciones globales. Ocupó el puesto 18 entre 52 países africanos en áreas como seguridad, Estado de derecho, participación y derechos humanos. En 2007, Reporteros Sin Fronteras lo situó en el puesto 53 entre 169 países de su Índice Mundial de Libertad de Prensa. Sin embargo, para 2016, cuando asumió el cargo el presidente Patrice Talon, esa posición había descendido al puesto 78 y posteriormente al 113. Además, un índice global de corrupción de 2005 situó a Benín en el puesto 88 entre 159 países, con dificultades en la policía, los negocios y la política.